Airbnb retira 65.000 anuncios como prometió, mientras el gobierno español identifica 55.000 alojamientos turísticos no registrados
El Ministerio de Consumo de España anunció esta semana que la plataforma de alquiler turístico Airbnb ha eliminado 65.000 anuncios en el centro de una disputa con el gobierno por los nuevos requisitos legales.
El departamento dirigido por el ministro Pablo Bustinduy incluso abrió un procedimiento sancionador contra la empresa, que sigue en curso y con respaldo judicial. Esto ocurre después de que la plataforma cumpliese su palabra y alcanzase un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para adaptarse a la normativa, que ahora exige un número de registro para publicar alojamientos turísticos.
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La medida forma parte de una estrategia del gobierno para frenar el alojamiento turístico ilegal y contrarrestar el impacto de Airbnb en los precios del alquiler, que se han disparado en los ultimoa años. Desde el 1 de julio de 2025, todos los propietarios que quieran alquilar sus viviendas como turísticas deben registrarse en el Registro Único de Alquileres o retirar sus anuncios.
Sin embargo, el sistema ha tenido problemas técnicos. En el último día de plazo, solo se recibierón 215.438 solicitudes de 368.295 viviendas identificadas como alquileres temporales. Muchos propietarios extranjeros, en particular, tuvieron dificultades para cumplir con los trámites a tiempo.
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Pese al avance, la Unidad de Análisis de Consumo detectó 54.728 anuncios de Airbnb sin número de registro después del plazo. El ministerio remitirá los datos para que se retiren o corrijan, y continuará identificando posibles irregularidades en las plataformas.
Fuentes ministeriales afirman que el objetivo es "garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima del beneficio de las multinacionales".
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Además, Consumo investiga a grandes gestores de apartamentos turísticos por posibles fraudes, como hacerse pasar por propietarios privados o cobrar servicios ya incluidos por ley. También hay procedimientos contra agencias inmobiliarias por comisiones ilegales y la empresa Alquiler Seguro.
Los tribunales españoles ya respaldan la campaña: el TSJM ordenó a Airbnb retirar 5.800 anuncios más por incumplir normas. A partir de agosto, la plataforma enviará mensualmente los datos requeridos por Vivienda, incluidos los números de registro autonómicos.
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