El concejal de movilidad de Palma, Toni Deudero, insiste en que extender el período sin multas por incumplir las normas de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es legal.
El gobierno municipal recibió críticas de la oposición al anunciar la prórroga el jueves. Xisco Dalmau, del PSOE, declaró: “Es ilegal. Viola normativas nacionales y europeas. El 30 de junio era la fecha límite para evitar sanciones. No se puede alargar hasta el 31 de diciembre”.
Miquel Àngel Contreras, de Més, acusó al PP y a Vox —quienes apoyan esta medida— de poner en riesgo la salud pública y el medio ambiente, además de buscar “cualquier excusa para no aplicar la ZBE”.
Deudero argumenta que ha habido un trabajo “exhaustivo y detallado” para garantizar que Palma cumpla con la normativa de la ZBE. Se barajó la posibilidad de un año sin multas tras la entrada en vigor de la zona en enero de 2025. En su opinión, la ciudanía necesita más tiempo para conocer la ZBE, sus reglas y las sanciones.
Pero la controversia política no se limita a posponer las multas. Gari Durán, de Vox, pidió la retirada de la ZBE, afirmando que el centro urbano —donde se aplica— “es la zona menos contaminada de la ciudad”. Como mínimo, propone eliminar o suspender indefinidamente el régimen sancionador. Dalmau (PSOE) habló de “una ZBE falsa”, a lo que Durán replicó: “Lo único falso es el informe que justificó su creación”.
La ZBE fue aprobada antes de las elecciones de 2023, cuando PSOE, Més y Podemos gobernaban en coalición.