La votación sobre una propuesta para reconocer oficialmente el catalán, el euskera y el gallego como lenguas de la Unión Europea ha sido aplazada, lo que supone un revés para el primer ministro español, Pedro Sánchez.
Según la Agencia Catalana de Noticias, al menos diez estados miembros de la UE expresaron reservas sobre la medida, a pesar del intenso lobby de los diplomáticos españoles.
La polémica propuesta requiere el apoyo unánime de los 27 países del bloque para convertirse en ley, pero al menos un tercio presionó a España para retirar la votación, alegando preocupaciones legales y económicas.
Algunas naciones temen que el reconocimiento oficial siente un precedente desestabilizador para otras lenguas minoritarias en Europa.
Otros estados miembros están preocupados por las implicaciones financieras de la traducción e interpretación adicional, ya que la UE gasta más de mil millones de euros al año traduciendo documentos a sus 24 idiomas oficiales.
Antes del debate de hoy, el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakin Strand, declaró: “La diversidad lingüística es importante y queremos seguir debatiéndola, pero espero que no tengamos que votar hoy porque no creo que el tema esté maduro para una votación.”
Solo Dinamarca y Eslovenia habían respaldado públicamente la propuesta española, mientras que otros países, como Francia, Suecia y Alemania, señalaron posibles riesgos de un cambio legislativo.
El ministro delegado francés para Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, dijo a la prensa: “Sé que es un tema muy importante para nuestros amigos españoles. Queremos encontrar una solución, avanzar con ellos, pero debe hacerse con consenso y respeto al derecho europeo.”
La decisión podría tener un impacto político significativo para el gobierno de Sánchez en España.
La propuesta de reconocer las lenguas cooficiales de España es una parte clave del acuerdo alcanzado en 2023 entre el PSOE de Sánchez y Junts per Catalunya, el partido separatista liderado por Carles Puigdemont, el controvertido líder independentista fugado de la justicia española.
A cambio de concesiones como el reconocimiento lingüístico y la polémica ley de amnistía catalana, Junts y otros partidos regionales, como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, acordaron respaldar el frágil gobierno de coalición de Sánchez.
Los independentistas catalanes están cada vez más irritados por la falta de avances. Una propuesta inicial de 2023 fue rechazada por la UE, que pidió más tiempo para analizarla.
El gobierno español ha prometido seguir luchando por el reconocimiento oficial.