La Generalitat Valenciana ha intesificado sus esfuerzos para combatir la ocupación ilegal de viviendas públicas. A través de la Agencia Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ha licitado la instalación, mantenimiento y sustitución de 300 sistemas individuales de seguridad y alarma en inmuebles del parque público regional. El contrato, que cuenta con un presupuesto total de 1.049.070 euros, tendrá una vigencia de cuatro años y está dividido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante, con 150 alarmas, y otro para Valencia y Castellón, con otras 150.
Esta medida se enmarca dentro de un plan impulsado por la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que ha intensificado las actuaciones para proteger las viviendas públicas de la ocupación ilícita. Estas alarmas, que no requieren conexión a la red eléctrica, permiten alertar de inmediato a la Policía ante cualquier acceso no autorizado.
La directora general de la EVha, Estefanía Martínez, subrayó que el sistema supone “un refuerzo esencial en la prevención”, ya que las alarmas se trasladan a otras viviendas una vez que la propiedad ha sido adjudicada. Además de la instalación, el contrato cubre el mantenimiento, la reposición de los equipos en caso de actos vandálicos, la custodia de llaves y la verificación in situ durante toda la vigencia del convenio.
La Generalitat ha enfatizado que la ocupación ilegal constituye “uno de los principales problemas del parque de vivienda pública” y que se están adoptando medidas coordinadas para garantizar que los inmuebles rehabilitados puedan asignarse a familias que cumplan los requisitos y respeten la normativa. El gobierno autonómico también ha incrementado la inversión en medidas de seguridad complementarias, como puertas antivandálicas y vigilancia privada en determinados bloques.
El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 31 de octubre, y toda la información está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. Con esta iniciativa, la Generalitat reafirma su compromiso con la protección del patrimonio público y la garantía de un acceso legal a la vivienda protegida.