Tras el significativo endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea a principios de este mes, diecinueve Estados miembros urgieron este miércoles a la Comisión Europea a financiar “centros de retorno” fuera del bloque para solicitantes de asilo rechazados.
Los ministros del Interior de los Veintisiete dieron luz verde el 8 de diciembre a un paquete de medidas que incluye la apertura de dichos centros y penas más severas para los migrantes que se nieguen a abandonar el territorio europeo.
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia instaron a la Comisión a hacer posibles estos cambios.
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“En concreto, los países de la UE desean … que la Comisión ayude a garantizar, de aquí en adelante, que la financiación de, entre otras cosas, los centros de retorno pueda realizarse con fondos comunitarios,” declaró el Ministerio de Inmigración danés en un comunicado, adjuntando la carta firmada enviada a la Comisión.
El Parlamento Europeo aún debe votar sobre las medidas.
Dinamarca ha convertido la inmigración ilegal en uno de sus caballos de batalla durante su presidencia semestral del Consejo de la UE, que concluye a fin de mes.
“El trabajo no está concluido, y me complace que sean ya diecinueve países los que respaldan una carta que exige al sistema de la UE proveer ayuda diplomática y económica para asegurar que soluciones nuevas e innovadoras —como los centros de retorno— se hagan realidad,” afirmó el ministro de Inmigración danés, Rasmus Stoklund, en un comunicado.
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“Durante años, Dinamarca ha trabajado con ahínco para convencer a otros países europeos de ideas danesas, como trasladar el procesamiento de solicitudes de asilo fuera de Europa, así como otras propuestas que implican cooperación con terceros países extracomunitarios,” añadió el ministerio.
“El grupo de Estados de la UE que apoya este tipo de soluciones novedosas e innovadoras no ha dejado de ampliarse,” señaló.
Mientras tanto, activistas que trabajan con migrantes han denunciado las medidas, argumentando que vulneran los derechos humanos de los migrantes y arriesgan a empujarlos hacia situaciones de peligro.
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