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  • Dice que se construyen "más con criterios políticos que asistenciales", y que se ha "despilfarrado" por planificar mal
  • El PP asegura que hay 8 viviendas semivacías, 20 a medio ocupar, algunas que han tenido que cerrar, y 7 que, construidas, no pueden abrir

 


 

GUADALAJARA, 06-11-09

Los diputados regionales del PP Porfirio Herrero y María Crespo, y el diputado provincial Javier del Río, criticaron ayer lo que consideran una "mala gestión" en la política de creación de Viviendas Tuteladas para Mayores en la provincia. Se trata de unos recursos asistenciales que la Junta de Comunidades construye en numerosas localidades, destinadas a de mayores de 60 años que son autosuficientes, y no requieren de una plaza de residencia.

Según el PP, hay importantes problemas relacionados con el funcionamiento de estos centros, que por ley sólo pueden albergar a 10 o 12 personas, que achacan a mala planificación y a retraso en los conciertos. Según dijo Javier del Río, de las 34 localidades con viviendas de mayores autorizadas, "muchas de ellas están infrautilizadas”. Así, dicen que 8 están semivacías por falta de usuarios (Anguita, Durón, Tartanedo, Budia, Yebra, Tórtola, Mondéjar y Corduente), donde sólo viven entre 2 y 5 usuarios. Además, aseguran que una veintena sólo tienen 7 u 8 usuarios, (Corduente, Aldeanuela, Alcoroches, Orea, Horche, Torija, Henche y Arbancón), y que "son muy pocas las que están al 100% de su capacidad".

Además, dice el PP que varias han tenido que cerrar por la falta de usuarios, como la de Villanueva de Alcorón; y que otras, en torno a 7, que ya están construidas, no se pueden abrir, caso del El Cardoso (desde hace tres años), Checa (terminada en 2008), Salmerón, Zaorejas (4 años construida), Torremocha (desde hace cuatro años), Hita, o la recién inaugurada en Alocén. Además se han cuestionado qué pasa con las viviendas anunciadas en Hiendelaencina, Milmarcos, Illana, Alustante, Fuentelsaz, Gascueña de Bornova y Romancos.

"La razón de este desatino es que desde la Junta se ha pretendido construir viviendas de mayores en función de promesas electorales sin atender a criterios zonales, demográficos o de demanda real. En muchos de estos pueblos no hay gente mayor de 60 años válida que desee acudir a estos centros, y sin embargo, sería un recurso muy interesante en otras poblaciones con una demanda contrastada y justificada”, considera Del Río, quien considera la situación "un despilfarro de dinero público por parte de la Consejería de Bienestar Social, ya que la construcción de una vivienda de mayores supone un coste superior a los 400.000 euros".

Finalmente, los populares han denunciado el retraso en los conciertos de las plazas a las empresas que gestionan las viviendas, "lo que les provoca un grave perjuicio tanto a las propias empresas como a los trabajadores y proveedores".

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