Soy un decidido defensor de las diputaciones, como instituciones, nacidas en España al abrigo de la Constitución liberal de 1812, para dotar a las provincias de una representación popular de la que entonces carecían. Fue, por lo tanto, el primer ensayo descentralizador que se hizo frente al poder central, encarnado hasta entonces en la monarquía absoluta. Ahora bien, esa firme convicción de la utilidad de la institución, no me impide ver el bosque: sólo una reforma del papel de las diputaciones en el marco de la Administración española aseguraría su continuidad. En caso contrario, más tarde o más temprano, acabarán siendo absorbidas por las comunidades autónomas, siguiendo el hilo de rexflexión abierto por el ministro de Fomento, José Blanco, quien recientemente se preguntó: «¿Tiene sentido que en una Administración tan descentralizada sigan existiendo las diputaciones provinciales?»

Yo creo que sí, y especialmente en una provincia como Guadalajara, con 406 núcleos de población de los que 288 son municipios, y de estos últimos, 130 tienen menos de 100 habitantes y no llegan a 60 los que censan a más de 250 vecinos. La mayoría de estos municipios no podrían sobrevivir sin el respaldo de las diputaciones, por lo que el debate queda zanjado, y sólo se abre un interrogante: ¿Estarían más eficazmente atentidos estos municipios por la comunidad autónoma que desde una diputación?

Atendiendo a la representatividad, el pleno de la Diputación está conformado por diputados que necesariamente deben ser, al mismo tiempo, ediles de un municipio. Se supone, por tanto, que los diputados son conocedores de los problemas de los municipios, porque ellos mismos forman parte de las corporaciones municipales a las que tienen que asistir. La Ley permite, por tanto, el autogobierno de los municipios a través de su institución natural, cosa que no sucedería si las diputaciones pasaran a integrarse en una superestructura llamada comunidad autónoma, nombrada directamente por el ejecutivo regional de turno.

El sistema actual es, por tanto, más descentralizado, aunque la duda subyace en si es tan eficaz como el que podría diseñarse a través de concentrar todo el poder en un mando jerarquizado, que en una última instancia dependería del presidente autonómico.

Sinceramente, prefiero a los ediles de los pueblos, con todas sus imperfecciones, como gestores de ese gobierno provincial, que es la Diputación, antes que a una élite de burócratas autonómicos, alejados de los problemas reales a los que se enfrenta el alcalde de un pequeño municipio. Y en una provincia como la de Guadalajara, con el mapa municipal que tenemos, tan diferente al resto de la Comunidad -salvo Cuenca-, el conocimiento del terreno es indispensable.Dudo mucho que de un organismo carente de representación política, y absorbido en el aparato de una superconsejería de Administración territorial, surgiera un Plan de Carreteras, como el que lleva a cabo la actual Diputación, con un endeudamiento importante, por el que se renovarán en tres años 1.500 kilómetros de vías.Y si no hubiera diputación, los planes provinciales, los convenios hidráulicos, los bomberos o el servicio de recaudación, que ahora prestan las instituciones provinciales, se tendría que seguir haciendo por las comunidades autónomas, que de esta manera adquirirían un poder omnímodo.

Atendiendo a criterios de eficacia, cabe preguntarse si nos ahorraríamos algo con la desaparición de las diputaciones. Me quedo con la respuesta de un experto, Rufino Sanz, que ha trabajado en ambas administraciones: «Lo que hace la diputación podría hacerlo la comunidad autónoma, pero para ello necesitaría más medios, quizás los mismos que ya tiene esa diputación que desaparecería: funcionarios, presupuestos....»
¿Dónde estaría entonces el ahorro, si al final se van a quedar los mismos funcionarios, pero con distintos jefes? Nada garantiza que el ciudadano se ahorrara un euro con el cambio. Por lo menos, en personal.

La solución no está en hacer desaparecer a las diputaciones, y en recluir a los diputados provinciales en sus pueblos, sino hacerlas más eficaces y acotar sus competencias para que no se produzcan duplicidades.

En ese sentido, es interesante la reflexión que hizo en EL DECANO la actual presidenta, María Antonia Pérez León, quien propone que las competencias de las diputaciones se centren en el apoyo, asesoramiento y todos los servicios que afectan a los municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que los de mayor población dependieran de las comunidades autónomas. La presidenta cree que con este baremo de la población se acabaría el solapamiento entre instituciones.

¿Por qué si entonces hay argumentos poderosos para defender la utilidad de las diputaciones, luego éstas son tan cuestionadas? Me ha llamado la atención la encuesta publicada en eldecano.es, que se saldó mayoritariamente con una opinión contraria a la permanencia de estas instituciones.

Insisto en que no participo de esta opinión, aunque hay razones que la alientan. La primera de ellas es el opaco sistema para la elección de los diputados, de tercer grado, en el que no participa directamente el ciudadano. Si las diputaciones tuvieran una urna propia y el elector pudiese elegir directamente a la corporación provincial, las diputaciones ganarían en representatividad, y en consecuencia, en credibilidad.

Mientras tanto, en el ciudadano se extiende la impresión de que en las diputaciones hay demasiada gente trabajando para lo que hacen (la de Guadalajara mantiene 540 empleos estables) y sospechan que es la típica institución que los partidos utilizan para «colocar» a su personal de confianza.

Algo de esto hay, indudablemente, pero no es privativo de las diputaciones,porque los asesores y liberados florecen en todas las administraciones. Pero las diputaciones llevan la fama y así seguirán mientras que no se democraticen, y un nuevo Pacto Local delimite, casi a cuchillo, cuáles son sus competencias.