La Audiencia Provincial de Guadalajara en un prolijo y documentado Auto de 132 páginas, avanzado ayer por este diario digital, ha dado un vuelco trascendental al proceso judicial por el incendio del Ducado. Aunque todavía no he ocasión de leer el Auto con detenimiento, y en mi artículo semanal en la revista EL DECANO podré ser más preciso, sí quiero hacer algunas consideraciones a vuela pluma.

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El coste del servicio de autobús urbano comienza a ser una sangría para las arcas municipales. Así lo reconoció en el último pleno el primer teniente de alcalde, Juan Antonio de las Heras, que ha señalado que a día de hoy el consistorio ya tiene que pagar el 62 por ciento del coste del servicio -sólo hasta junio, un total de 5,9 millones de euros-, mientras que los billetes apenas cubren el 38 por ciento del gasto. Un porcentaje que no hay economía que lo aguante.

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Tenga usted 75 años, 50, 25 o 1 año, es igual. No habrá visto jugar a España la final de una Copa del Mundo. Hoy sólo quiero decir "¡Aúpa España!”, y dar las gracias a esta Selección, la mejor que hemos tenido nunca, por habernos librado del fatalismo.

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Soy un decidido defensor de las diputaciones, como instituciones, nacidas en España al abrigo de la Constitución liberal de 1812, para dotar a las provincias de una representación popular de la que entonces carecían. Fue, por lo tanto, el primer ensayo descentralizador que se hizo frente al poder central, encarnado hasta entonces en la monarquía absoluta. Ahora bien, esa firme convicción de la utilidad de la institución, no me impide ver el bosque: sólo una reforma del papel de las diputaciones en el marco de la Administración española aseguraría su continuidad. En caso contrario, más tarde o más temprano, acabarán siendo absorbidas por las comunidades autónomas, siguiendo el hilo de rexflexión abierto por el ministro de Fomento, José Blanco, quien recientemente se preguntó: «¿Tiene sentido que en una Administración tan descentralizada sigan existiendo las diputaciones provinciales?»

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Días pasados el ministro de Fomento, José Blanco, ya advertía que el Gobierno tiene que plantearse la supresión de servicios ferroviarios que tienen pocos usuarios, si existen alternativas de comunicación, dado que el mantenimiento de las infraestructuras absorbe muchos recuros que «no caen del cielo». Blanco puso como ejemplo la línea entre Madrid y Burgos, que cuenta con una media de cuatro viajeros diarios, pero sus palabras se entendieron como un aviso a navegantes sobre lo que pretende hacer el Estado con el ferrocarril. Hace tiempo que Fomento quiere desprenderse de las líneas que le son más deficitarias, y ahora ha encontrado la excusa perfecta para hacerlo: las medidas antidéficit que se están poniendo en marcha por exigencia de la Unión Europea.

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La Mancomunidad del Aguas del Sorbe (MAS), controlada actualmente por el PP, y la Junta de Comunidades prosiguen su escalada de desencuentros a propósito de la gestión del agua en la provincia. Días pasados se firmó un protocolo entre el consejero de Ordenación del Territorio, Julian Sánchez Pingarrón, por el que nace la entidad Aguas de Guadalajara, dependiente de Aguas de Castilla-La Mancha, y en la que inicialmente estarán las mancomunidades de Aguas del Bornova, Campiña Baja y La Muela.

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La respuesta a la convocatoria de una huelga de funcionarios planteada por los sindicatos se ha saldado con una respuesta muy limitada por parte de los afectados. Guadalajara no fue no fue una excepción al resultado producido a nivel nacional, con un seguimiento que no superó el 11 por ciento, según datos oficiales, un porcentaje al que ni tan siquiera se llegó en las dos mayores administraciones de la provincia -el Ayuntamiento de la capital y la Diputación-, donde los huelguistas no rebasaron el 5 por ciento.

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Un Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real declaró la suspensión de pagos para la empresa promotora del aeropuerto privado de Ciudad Real, financiado en gran parte con fondos de Caja Castilla-La Mancha, al tiempo que procedía a la destitución de su Consejo de Administración. Esta noticia era conocida el mismo día en que se reunía una comisión formada por parlamentarios del PSOE y PP, y que tiene como objetivo elaborar una propuesta común sobre el Aeropuerto.

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Barreda ha tenido un notable eco en los medios nacionales tras la decisión de reducir su Gobierno a la mínima expresión, hasta el punto de que se ha convertido en el Ejecutivo regional con menos consejeros de España. Inferior incluso que los de las ciudades autómomas de Ceuta y Melilla.

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Creo que la Ordenanza de Convivencia ha sido efectiva a la hora de atajar los excesos que se venían produciendo durante anteriores legislaturas. No hace falta recordar que el botellón se había extendido como una mancha de aceite por plazas y recovecos de la ciudad, con efectos indeseables. A saber: Jóvenes menores de 16 años consumiendo alcohol libres del control que hay en los bares, dejando en papel mojado la actual legislación preventiva. Basura y suciedad por doquier, que no respetaba ni los espacios históricos. Escalada de los grafitis y pintadas que daban a la ciudad una imagen cutre de barrio marginal metropolitano. Multiplicación de los actos de vandalismo con el mobiliario y patrimonio público, que apenas podían ser correguidos por una ordenanza municipal sin capacidad de respuesta. Todos estos aspectos han mejorado con la nueva Ordenanza de Convivencia, aunque la oposición nunca lo vaya a reconocer.

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